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Financiación de la gestión de los residuos radioactivos

 

En Francia, los operadores son responsables de la financiación de la gestión de sus residuos y del desmantelamiento de sus instalaciones nucleares. 
 
Es importante que los recursos financieros (fondos) sean suficientes y disponibles cuando sean necesarios, en particular para garantizar un nivel de seguridad satisfactorio de las operaciones futuras. Varios informes se publicaron en Francia en 2005 sobre este tema. 
 
Varias de las medidas también fueron lanzadas por la Unión Europea (Comisión, Consejo y Parlamento Europeo) y la administración francesa participa en ellas.
 
En enero de 2005, el Tribunal de Cuentas de Francia emitió un informe específico titulado "el desmantelamiento de instalaciones nucleares y gestión de residuos radioactivos".  Este informe reconoce los progresos realizados durante varios años en el ámbito de la financiación, pero incluye una serie de recomendaciones para mejorar la situación existente. El informe anual (2006) del Tribunal de Cuentas contiene un seguimiento de su informe específico de 2005. 
 
Cada operador nuclear (EDF, Areva, CEA) administra su fondo que se mantiene dentro de la empresa. Sin embargo, la situación difiere de una compañía a otra. Areva ha destinado ya los activos correspondientes a los gastos totales previstos estimados por este operador. En respuesta a una observación del Tribunal de Cuentas de Francia, EDF decidió en septiembre de 2005 acelerar el ritmo de colecta de activos en los próximos años a fin de alcanzar, en 2010, el nivel necesario de provisiones estimadas por EDF. CEA administra dos fondos (uno para sus centros civiles y el otro para los centros vinculados a la fuerza de disuasión), que necesitan ser desarrollados en el futuro. 
 
La Ley de planificación de 2006 de la gestión sostenible de los materiales radioactivos y los residuos establece lo siguiente en su artículo 20:

  • los operadores de INB deben evaluar con prudencia los costes de desmantelamiento de sus instalaciones y la gestión de su combustible usado y residuos radioactivos,

  • los operadores de INB deberán establecer reservas para cubrir los gastos antes mencionados y destinar los activos necesarios para la cobertura exclusiva de estos gastos. Se deben contar por separado para estos activos que además deben presentar un nivel suficiente de seguridad y liquidez para cumplir con su propósito,

  • excepto cuando el Estado ejerce sus facultades para forzar a los operadores a respetar sus obligaciones de desmantelar sus instalaciones y gestionar su combustible gastado y residuos radioactivos, nadie puede pretender a tener un derecho sobre los bienes, incluso sobre la base del Código de Comercio,

  • los operadores remitirán cada tres años a la autoridad administrativa un informe sobre la evaluación de los costos, los métodos aplicados para el cálculo de estos costes y las decisiones adoptadas con respecto a la composición y la gestión de los activos destinados a cubrir las reservas,  El informe incluirá un plan para la constitución del patrimonio. Cada año, los operadores deben transmitir a la autoridad administrativa una nota que actualiza este informe y un informe sin tardar sobre cualquier evento como por ejemplo la modificación de su contenido.  Los primeros informes se publicaron a mediados de 2007,

  • si la autoridad administrativa constata deficiencias o adecuaciones, lo que puede, después de escuchar el operador, las medidas necesarias para que el operador a regularice su situación y, de ser necesario, la autoridad administrativa puede ordenar, so pena de una multa coercitiva, la constitución de los activos necesarios,

  • una comisión nacional de evaluación financiera se ha creado para evaluar la financiación de los gastos en el desmantelamiento de INB y la gestión de combustible usado y residuos radioactivos. Esta comisión emitirá un informe que será puesto a disposición del público

 
El decreto de 23 de febrero de 2007 y la Orden Ministerial del 21 de marzo de 2007 definen las categorías de operaciones (las actividades de desmantelamiento y la gestión de residuos radioactivos) que están cubiertos por las disposiciones de la Ley de planificación. La autoridad encargada de la encuesta de la conformidad del artículo 20 de la Ley de planificación es la Dirección General de Energía y Clima (DGEC).  El nuevo reglamento exige una evaluación por el ASN de los informes sobre el coste del futuro desmantelamiento y la gestión de los residuos radioactivos. Este reglamento establece también que las provisiones de los concesionarios de licencias para cubrir los costos futuros se deben seleccionar en un panel de determinados productos financieros seguros con un grado suficiente de liquidez.  Las prescripciones de la Ley de planificación relativas a estas cuestiones se basan en particular en recomendaciones anteriores de la ASN.
 
Aparte de este sistema, que sólo se refiere a responsabilidades a largo plazo de productores de residuos, tanto en términos de costes de desmantelamiento y gestión de residuos, la I + D necesaria se financia mediante un impuesto adicional INB (impuesto para la investigación), que es transferido a un fondo, según lo estipulado por la Ley de planificación.
 
Se ha implementado un esquema similar al anterior, con dos otros impuestos INB adicionales (un impuesto de compensación y un impuesto de difusión tecnológica), según lo estipulado por la Ley de planificación para financiar el plan de desarrollo económico de los municipios y los distritos afectados por el proyecto de depósito geológico de residuos radioactivos de alta actividad y de media actividad de vida larga, a través de sus respectivos Grupos de Interés Público (GIP). 
 
También se ha implementado una financiación pública específica en el marco de la Ley de planificación para si fuera necesario, la colecta y gestión de los residuos radiactivos procedentes de actividades fuera del sector electronuclear, incluyendo los llamados residuos "domésticos" (propiedad de particulares) y así como para tratar el problema de la limpieza y rehabilitación de sitios contaminados huérfanos (generalmente de antiguas industrias). 
 
Siempre sobre la base de que "quien contamina paga" y para otros tipos de residuos, los gastos de Andra relacionados con las operaciones industriales (vigilancia de CSM, costo operativo CSTFA y del CSTFA) o I + D (proyecto FA-LV para residuos de baja actividad de vida larga ) son financiados a través de convenios bilaterales entre los respectivos productores de residuos implicados y Andra (por ejemplo, sobre la base del coste directo de I + D y de la vigilancia, o de los volúmenes suministrados con un esquema de la posible financiación de la inversión para las operaciones industriales).
 

 

  
  
  

 

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